Sábado 7 de Junio de 2025

21 de diciembre de 2022

Femicidio de Johana Ramallo: un juez federal de La Plata ordenó procesar a ocho personas

En el marco de la investigación de la desaparición y posterior femicidio de la joven Johana Ramallo, cinco mujeres y tres hombres fueron imputados por los delitos de explotación sexual y comercialización de drogas por el juez Alejo Ramos Padilla, responsable del Juzgado Federal N° 1 de La Plata.

Efectivamente, Ramos Padilla procesó a ocho personas por la desaparición y el femicidio de Johana Ramallo, la joven de 23 años cuyo cadáver mutilado fue hallado en las costas de la ciudad de Berisso en agosto de 2018, y luego de que nada se supiera de ella desde julio de 2017.

Las mujeres procesadas por el mencionado juez son Celia Andrea Benítez (38), Erika Paola Garraza (39), alias “Tormenta”; Nicole Guerra Guerrero (40), de nacionalidad peruana; Sayuri Valentina León (33); nacida en Ecuador, Andrea Camila Barreto Clavijo (30), alias “Boris” y oriunda de Perú. En tanto, los hombres son Carlos Alberto Espinosa Linares (38), apodado “El peruano”, “El loco” o “Carlitos”; Mirko Alejandro Galarza Senio (27) y Hernán Rubén García (47).

En la resolución de 169 carillas, Ramos Padilla procesó a las cinco mujeres y tres hombres por los delitos de explotación sexual de mujeres y comercialización de drogas en la denominada “Zona Roja” de La Plata que está ubicada en el barrio El Mondongo. Además, el juez impuso la prisión preventiva a cuatro de los imputados y embargos de hasta 30 millones de pesos.

Según lo dispuesto por el juez federal de La Plata, las ocho personas detenidas “tenían un vínculo directo con la ‘Zona Roja’ y el contexto que dio lugar a la desaparición y posterior femicidio de Johana Ramallo –muchos de ellos, incluso– en el período de tiempo inmediatamente previo a dicha desaparición”.

Cabe recordar que la joven fue vista por última vez el 26 de julio de 2017, cuando salió de su casa, donde vivía con su madre y su pequeña hija, con la promesa que regresaría a las 20.30 de ese día, lo que nunca ocurrió.

Los restos mutilados de su cuerpo fueron hallados en las costas de la ciudad de Berisso en agosto de 2018, aunque no fueron identificados como pertenecientes a la joven hasta 2019.

“El complejo escenario de comercio y abuso en el consumo de estupefacientes, de explotación sexual de mujeres y de violencia a las que fueron sometidas muchas de las trabajadoras sexuales que desarrollaban sus actividades en la ‘Zona Roja’, conformaron las condiciones de posibilidad de múltiples episodios de violencia en la zona y, en particular, el contexto para que ocurriera la desaparición y posterior muerte de Johana Ramallo”, argumentó Ramos Padilla.

Cabe recordar que en el mes de junio de este año, el juez a cargo del Juzgado Federal N° 1 de La Plata detuvo a Carlos Omar Rodríguez, alias “El Cabezón”, apuntado como el proxeneta de Ramallo. El sospechoso, según la investigación en su contra, le brindaba droga y la ofrecía a clientes en su perfil personal de Facebook junto a, por lo menos, otras dos mujeres. Por esto, Ramos Padilla le imputó los delitos de explotación sexual, facilitación de la prostitución y por el comercio y suministro de drogas.

De acuerdo a la investigación judicial, “El Cabezón” estaba a cargo de la “Zona Roja” en el mencionado barrio de la capital bonaerense, donde Johana trabajaba al momento de su femicidio. Lo mismo que los últimos procesados en la causa que el juez federal reimpulsó en marzo del año pasado para analizar el contexto en que había ocurrido el femicidio de Johana. Así dio intervención a distintas áreas especializadas en violencia de género y trata de personas, quienes propusieron distintas líneas de trabajo que culminaron en estas detenciones y procesamientos.

Con la nueva resolución, ya son nueve las personas procesadas y vinculadas a la causa, todas con similares acusaciones, la mayoría de las cuales continuarán detenidas, aunque algunos con prisión domiciliaria.

“Si bien no se ha alcanzado aún a conocer la verdad sobre la muerte de Johana Ramallo, sí se ha logrado determinar cuál era su situación en ese ámbito y cuáles los costos y los peligros que suponían llevar adelante esa actividad en ese contexto”, dice el auto de procesamiento dispuesto por el magistrado.

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