La decisión fue tomada por la Sala III de dicho tribunal de alzada, conformada por los jueces Mariano Borinsky y Juan Carlos Gemignani, que rechazó el recurso interpuesto por la defensa de Fernando Víctor Alfonso.

De acuerdo a lo informado por el Ministerio Público en su sitio institucional www.fiscales.gob.ar, de esta manera quedó firme la sentencia dictada en septiembre de 2021 por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOCF) 2 de San Martín, que condenó a Alfonzo a ocho años y medio de cárcel por el delito de "abuso sexual mediante acceso carnal, agravado por haber sido cometido por un funcionario de una fuerza de seguridad en ocasión de su función".

El juez Gemignani en su voto, al que adhirió su colega Borinsky, aseguró que “la valoración conjunta de todas las pruebas e indicios supra expuestos en el acápite que antecede permite inferir la comisión del delito por parte de Alfonzo”.

“La versión de los hechos expuesta por la víctima se corrobora con otros elementos de prueba debidamente valorados por el tribunal a quo en el decisorio aquí examinado”, señaló el magistrado y añadió que correspondía “desestimar la existencia de un estado de duda que deba ser resuelto en favor del acusado”.

Durante el juicio oral, la jueza Silvina Mayorga y los jueces Daniel Cisneros y Walter Antonio Venditti dieron por probado que el hecho ocurrió el 27 de febrero de 2019, cuando Alfonzo, en su calidad de ayudante de tercera del SPF y en su rol de miembro del equipo técnico de la Dirección de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica (Dapbve) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, concurrió a una vivienda de la localidad de La Reja, en el partido de Moreno.

El penitenciario fue al inmueble para instalarle la tobillera electrónica a la mujer, quien cumplía arresto domiciliario por una condena impuesta por el TOCF 5 de San Martín en el marco de un caso de trata de personas.

El 2 de marzo el imputado volvió al domicilio de la víctima dado que el equipo de monitoreo había quedado mal colocado.

Al día siguiente, según se probó en el debate, se presentó nuevamente en el lugar y, tras extorsionarla, la obligó a subir a su Volkswagen Bora, donde abusó sexualmente de ella.

Asimismo, el hombre concurrió también el 7, 8 y 28 de marzo, donde extorsionó a la víctima con “emitir informes influyentes para que se le revocara el beneficio de la prisión domiciliaria”.

Tras advertir lo que ocurría, una de las hijas de la víctima la convenció para denunciar lo ocurrido ante las autoridades.

El fiscal de juicio, Alberto Gentili, analizó y valoró la prueba testimonial y documental, que acreditaba la conducta atribuida a Alfonzo y agregó que “el hecho configura una forma de ejercicio de violencia contra la mujer".

"Debe repararse que se trató de un evento en el cual ha tenido intervención un funcionario público encargado del cumplimiento de la ley, lo que obligaba a prestar una especial atención a los compromisos internacionales asumidos por nuestro país en materia de integridad de los funcionarios encargados del cumplimiento de la ley y de violencia institucional, que viene dado por la situación de asimetría entre víctima y acusado”, dijo.

Según la acusación, el imputado extorsionaba a la víctima con “emitir informes influyentes para que se le revocara el beneficio de la prisión domiciliaria”.

El TOCF 2 también le impuso a Alfonzo una inhabilitación especial perpetua para desempeñarse como miembro de una fuerza de seguridad o policial.