Se trata de Alfredo González, uno de los tres efectivos sentenciados por el caso y que había accedido a la libertad condicional por su "conducta ejemplar" y haber realizado cursos de confitero y artesano, entre otros.

Según las fuentes, a partir del nuevo fallo, González fue nuevamente detenido y alojado en la Unidad Penal 9 de La Plata.

De acuerdo con los voceros, en diciembre de 2022, la sala 2 de la Cámara de Apelaciones y Garantías platense le otorgó la libertad condicional al expolicía tras obtener una "conducta calificada como 10" y gozar "de un buen concepto" en prisión.

Ante esta resolución, la viuda de la víctima, Mirna Gómez, apeló dicha resolución a través de su abogado Manuel Bouchoux.

En marzo último, la Cámara revocó el beneficio, pero no quedó firme ya que la defensa de González recurrió al Tribunal de Casación Penal bonaerense, cuya sala V finalmente convalidó la decisión de las camaristas.

Ante este doble conforme, la Justicia de Ejecución Penal ordenó la detención del expolicía, dijeron los informantes.

La Cámara tuvo en cuenta que González estuvo prófugo en la causa y que existieron otros "indicadores desfavorables de la vida intramuros" como su "marcado distanciamiento afectivo y rigidez para abordar de forma genuina las vicisitudes de los acontecidos y sus implicancias".

De acuerdo con lo acreditado por la Justicia, el 28 de septiembre de 1990, policías de la Brigada de Investigaciones de La Plata detuvieron a Núñez con la excusa de estar investigando el robo de una bicicleta y en ese dependencia lo torturaron hasta morir.

Luego, el cuerpo fue llevado a un campo en la localidad de General Belgrano, predio que cuidaba un primo de Pablo Gerez, el policía que comandó el operativo del secuestro y tortura, y quien hace 30 años está prófugo.

El cadáver fue incinerado dentro de un tanque australiano en desuso y recién lo encontraron e identificaron en 1995, luego que el policía José Daniel Ramos colaboró para beneficiarse en la causa judicial e indicó el sitio donde estaban los restos.

En 2010, fueron condenados a prisión perpetua Víctor Dos Santos y González, mientras que en 2012, tras 22 años prófugo, detuvieron a Luis Raúl Ponce en la ciudad neuquina de Junín de los Andes y en 2017 lo sentenciaron también a la misma pena.

A su vez, se aguarda el inicio del juicio oral para otros tres expolicías, todos personal subalterno, que estaban en la dependencia ese día, pero no en la sala donde se registraron las torturas.