La reforma establece que la presentación de alianzas deberá realizarse 60 días antes de la elección (el 9 de julio), el cierre de listas 50 días antes (19 de julio) y la presentación de boletas 30 días antes (8 de agosto). Estas modificaciones responden al pedido urgente de la Junta Electoral provincial, que advirtió que los plazos vigentes eran “materialmente imposibles de cumplir”.

La legislación anterior, de 1946, fijaba apenas 30 días para la presentación de listas y 20 para las boletas, lo que según el organismo judicial no se condice con un padrón actual que supera los 13 millones de electores y con una carga administrativa de más de 10.000 candidatos en juego.

El proyecto que finalmente se aprobó fue impulsado por los principales bloques políticos, incluyendo a Unión por la Patria, PRO, La Libertad Avanza, UCR + Cambio Federal, Derecha Popular y Unión Renovación y Fe. Una muestra del amplio acuerdo legislativo frente al pedido de la Justicia Electoral.

Sin embargo, mientras el oficialismo y la oposición se alinearon para cumplir con la demanda técnica de la Junta Electoral, decidieron dejar en pausa otros temas urgentes. Uno de ellos es la ley que impulsaron La Cámpora y sectores del radicalismo para condonar la deuda del Fondo Covid a los 135 municipios. La discusión fue postergada por intervención del gobernador Axel Kicillof, quien envió un contra-proyecto que plantea la toma de deuda por hasta USD 1.045 millones.

En paralelo, la diputada Alejandra Lordén (UCR) expresó en la sesión que “tener certezas siempre aporta tranquilidad y previsión”, y cuestionó la demora en definir el calendario electoral: “No es lo más justo para los bonaerenses. Nadie especula con alianzas o resultados. Se trata de aportar claridad para abocarnos a los temas urgentes de la provincia”.

Y agregó: “No podemos seguir postergando por una cuestión electoral lo que realmente aqueja a la ciudadanía: la inseguridad, los problemas en IOMA, la presión fiscal, y el colapso del sistema de salud. El calendario ya está definido. Ahora hay que gobernar”.

La aprobación de esta ley revela una constante en la política bonaerense: cuando la presión externa llega desde organismos judiciales o técnicos, la maquinaria legislativa reacciona. Pero cuando se trata de resolver problemas estructurales que afectan directamente a los municipios y a los vecinos, la agenda se congela.