La Cámara Federal de Apelaciones de Rosario hizo lugar a un recurso del Ministerio Público Fiscal y dejó sin efecto la falta de mérito que había beneficiado a cuatro comerciantes del rubro chatarrería, oriundos de las ciudades de San Pedro y de San Nicolas, investigados por acopiar metales, principalmente cobre, de dudosa procedencia. La causa, que ahora se encamina a un juicio oral público por el delito de encubrimiento, se inició en 2021 cuando una empresa de telecomunicaciones denunció ante el Juzgado Federal N°2 de San Nicolás el robo de cables, una problemática que afectó a miles de ciudadanos.

El 14 de diciembre de 2023, el juez federal N°2 de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo, resolvió dictar la falta de mérito respecto de R.J.A., uno de los dueños de una chatarrería de San Nicolás; el empleado E.J.A.; y de M.A.P. y J.J.P., padre e hijo respectivamente, propietarios de un galpón del mismo rubro ubicado en San Pedro.

El juez no halló elementos suficientes para procesarlos a pesar de que ya los había indagado por el delito de encubrimiento por el acopio de cobre de dudosa procedencia, en el marco de una causa que impulsó el titular de la Sede Fiscal Descentralizada de San Nicolás, el fiscal Matías Di Lello, a partir de una denuncia de la empresa de telecomunicaciones Telecom Argentina SA.

Di Lello apeló la resolución y la sala B de la Cámara Penal de Rosario, integrada por el juez Aníbal Pineda y las juezas Silvina Andalaf Casiello y Elida Vidal, finalmente avaló la postura del MPF.

El caso

La investigación se inició el 5 de octubre de 2021 tras una denuncia de la empresa de telefonía Telecom Argentina SA sobre un hecho ocurrido en la localidad de San Pedro. Se expuso que el 18 de septiembre de 2021 se detectó el robo de 90 metros de cable de la red telefónica, lo cual fue advertido por un operario que realizaba tareas de mantenimiento sobre una caja de distribución en calle presidente Carlos Kirchner 90.

Según la gerencia de Asuntos Penales de la compañía, la situación generó la interrupción del servicio a unos 50 clientes. La presentación motivó una investigación que quedó a cargo del Juzgado Federal N°2 de San Nicolás que, tras ordenar una serie de medidas, pudo individualizar a los posibles receptores del material robado.

Se trataba de dos chatarrerías, una con el nombre comercial “El Gringo”, ubicada en Independencia al 3100 de la localidad de San Pedro, cuyos dueños eran los imputados M.A.P. y J.J.P.; y otra en la calle Hipólito Irigoyen, entre Magallanes y Gaboto, de San Nicolás, administrada por R.J.A.. Sobre ambos lugares se realizaron seguimientos bajo la sospecha de que acopiaban metales de dudosa procedencia.

Mil pesos el kilo

Durante las tareas de vigilancia realizadas por personal de la División Unidad Operativa Federal San Nicolás de la Policía Federal (PFA), en abril de 2022, se constató que en la chatarrería de San Pedro las transacciones con cables de cobre las realizada uno de los dueños -J.J.P.-, quien requería que lo “debían llevar sin el forro que cubre el cobre”, y pagaba unos mil pesos el kilo.

Durante los días que se mantuvo la observación del lugar, se vio a gran cantidad de personas que ingresaban en motos o a pie con carros, con bolsas con cables pelados. Del mismo modo se corroboró que en el ingreso al galpón había cables tirados en el piso, bolsas de nailon, de tela y de arpillera, y vehículos estacionados.

En esa dinámica, el 13 de abril de 2022, un camión Ford Cargo color blanco ingresó a la chatarrería y cargó gran cantidad de baterías de vehículos y bolsas de arpillera que presumiblemente contenían cobre. El vehículo recorrió 85 kilómetros hasta San Nicolás, donde descargó los metales en el galpón de R.J.A..

Bolsones con 7.500 kilos de cobre

Con los elementos recogidos por los investigadores, el fiscal Di Lello le solicitó el juez Villafuerte Ruzo que ordene los allanamientos a varios de los domicilios vinculados a las aparentes maniobras irregulares. El 21 de junio de 2022 se realizaron procedimientos en la chatarrería de San Pedro, en las viviendas de sus dueños, y en el galpón de San Nicolás.

En total se secuestraron 7.500 kilos de cobre, en su mayoría estaban dispuestos en bolsas de arpillera, vehículos, 120 mil pesos, teléfonos celulares, remitos, facturación sobre compra de materiales y dispositivos de almacenamiento (DVR) de cámaras de videovigilancia de los domicilios requisados.

En septiembre de 2022, el fiscal solicitó la indagatoria de los cuatro involucrados. En esa instancia además de describir el secuestró de gran cantidad de cobre, recordó que ese material fue reconocido como propio por Telecom Argentina SA; Empresa Distribuidora de Energía Norte SA; Cooperativa de Provisión de Servicios Eléctricos, Públicos y Sociales de San Pedro (Coosper), Central Térmica de Rojo y San Pedro (MSU Energy/Spy Energy).

Expuso que las tareas investigativas demostraron que en la chatarrería de M.A.P. y J.J.P., se adquiría cobre a particulares -sin vaina- a mil pesos el kilogramo.

Tras recordar que en la fiscalía se tramitaban otras diez causas similares por denuncias de robo de cables en la jurisdicción, lo cual afectaba el normal funcionamiento de los servicios de telecomunicaciones, Di Lello solicitó la indagatoria de los cuatro imputados como autores penalmente responsables del delito de encubrimiento agravado por el ánimo de lucro. “Entiendo que los imputados receptaron el material a sabiendas de su origen ilícito”, recalcó Di Lello en aquel dictamen.

El juez Villafuerte Ruzo aceptó indagar a los comerciantes, aunque el 13 de diciembre de 2023 dictó su falta de mérito. En principio aclaró las “particularidades” del rubro de chatarrería, que se caracteriza por el acopio de material de todo tipo, que en muchos casos es entregado por personas de escasos recursos que utilizan la actividad como medio de vida.

Además de poner de relieve “la cuestionable informalidad” de la actividad, el juez afirmó que “la generalidad de dichos cables hace que no sea posible afirmar, ni siquiera con el grado de sospecha, que los elementos incautados sean específicamente los que fueran robados. Al menos en este estado procesal no hay pruebas que corroboren el vínculo”.

La apelación del MPF

Al apelar ese pronunciamiento, el auxiliar fiscal Wenceslao Insúa, de la Sede Fiscal Descentralizada de San Nicolás, cuestionó el hecho de que el juez hubiera considerado la existencia de sospechas para indagar a los imputados, y luego, con los mismos fundamentos, entendió que no había relación entre el material secuestrado y los hechos investigados.

Y remarcó como agravante que los imputados extendían su actividad captando metales entre dos ciudades. Los agravios quedaron bajo estudio de la Cámara Federal de Rosario, instancia en la que el fiscal general interino con funciones de coordinación en el Distrito Rosario, Javier Arzubi Calvo, mantuvo el recurso en los términos citados por Insúa.

El fallo de la Cámara Federal

Con votos concordantes de los camaristas Pineda (primer voto) y Vidal, el tribunal de alzada avaló la hipótesis de la fiscalía.

“La serie de evidencias que se analizaron conforme permiten inferir que se ha configurado el ilícito que se atribuido, sin perjuicio de cualquier otra prueba que pudiera ser incorporada con posterioridad”, indicó Pineda.

Así, la Cámara Federal lugar al recurso de apelación interpuesto por la fiscalía, revocó la resolución de falta de mérito y comunicar la decisión al juzgado de origen para la continuidad del proceso, que ahora se encamina a que el MPF formule su requerimiento de elevación a juicio para los cuatro acusados.