>El juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, junto a la fiscal Laura Roteta, finalizó la indagatoria de los diez primeros imputados por el fentanilo contaminado de la firma HLB Pharma Group SA y su elaborador exclusivo, Laboratorios Ramallo SA, vinculado a la presunta muerte de 96 pacientes. El último fue el dueño de esas empresas farmacéuticas, Ariel García Furfaro. El exconvicto, que realizó pingües negocios con gobernadores e intendentes mediante la venta de remedios económicos, no sorprendió en su defensa. Continuó caminando por la cornisa: distribuyó responsabilidades entre sus empleados y en una “mano negra” que habría plantado las bacterias dentro de las ampollas de fentanilo. “¿A quién se le puede ocurrir que voy a fundir mi propia empresa?”, le habría dicho al magistrado, según reproduce su abogado, Gastón Marano, el mismo letrado que consiguió la libertad y absolución de Nicolás Gabriel Carrizo, señalado como “jefe de la banda de los Copitos” en el marco del juicio por el intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner. García Furfaro, quien integró la comitiva oficial del gobierno de Alberto Fernández a Moscú para gestionar la distribución de la vacuna rusa Sputnik V contra el COVID-19, quedó detenido después de casi seis horas de declaración. Tampoco su defensor lo solicitó. El empresario polirrubro había expresado: “Prefiero estar acá. Necesito que se investigue todo”.

Eso fue lo que hicieron el juez y la fiscal. En menos de tres meses, un tiempo récord por la complejidad del delito que se investiga, acumularon pruebas y estudios científicos que van desde chats de empleados de los laboratorios, que revelan la presunta utilización de insumos vencidos para la elaboración de medicamentos, “desvío de calidad” en los medicamentos que salían a la venta, suciedad en la planta elaboradora –palomas y arañas–, paredes descascaradas; hasta el nexo entre las bacterias halladas en el fentanilo y en la sangre de pacientes fallecidos, pasando por el reconocimiento de los propios directores técnicos de los establecimientos de que había que “dibujar” la documentación obligatoria que asegura la calidad y esterilidad de un medicamento.

Los investigadores también habrían acreditado, a través de esas comunicaciones, que la autoridad sanitaria que debía controlar las Buenas Prácticas de Elaboración en las plantas elaboradoras de García Furfaro avisaba cuándo se iba a realizar la inspección.

Infobae publicó ayer los comprometedores chats entre el personal del laboratorio involucrado en 96 muertes de pacientes tratados con el lote 31202 de Fentanilo HLB, que revelan irregularidades en la elaboración de los productos farmacéuticos.

Están incorporados a la causa y resaltados en color amarillo. En el dictamen fiscal se sumaron más comunicaciones que resultan escandalosas; cada una de ellas forma parte de las pruebas que le fueron leídas a García Furfaro y al resto de los imputados, entre ellos su madre, Nilda Furfaro, y sus dos hermanos, Diego y Damián. También está imputada su abuela de 88 años.

Parte de esos nuevos chats se pueden resumir así:

— “Me parece que no queda otra cosa que mentir”. La persona que escribió ese mensaje es Javier Tchukran (preso al igual que Ariel, Damián y Diego García), director de Manufactura de HLB Pharma y director general de Laboratorios Ramallo. El contexto del chat es una conversación entre miembros del equipo de la empresa en la que analizan cómo responder ante una inspección de la ANMAT y la falta de registros adecuados sobre el destino de un lote de fentanilo. La expresión de Tchukran surge ante la recomendación de simular documentación o falsear información requerida por la autoridad regulatoria.

El fragmento textual se encuentra acompañado de otros mensajes donde los participantes intercambian indicaciones para encubrir irregularidades y acordar una versión común destinada a evitar sanciones o la detección del desvío de producto.

-Rocío Garay (supervisora de control de calidad), ante la falta de insumo para una valoración, escribió: “Hola Wilson, buen día, con respecto al propofol que hay que entregar no hay tetrahidrofurano para hacer la valoración… por eso no se hizo. ¿Qué hago? ¿Miento en los reportes?”. Wilson Pons (jefe de control de calidad) responde: “Buen día, Rocío. Y me parece que no queda otra cosa que mentir.”

-María Victoria García (empleada): “Hay que hacerlo completo porque no hay bach de eso” (en relación con la necesidad de armar un batch record inexistente para presentar a INAME-ANMAT).

Ese intercambio de chats ocurrió el 27 de diciembre de 2024. Se refiere al lote que resultaría contaminado, identificado con el número 31202, elaborado nueve días antes, el 18.

-Sofía Díaz (empleada): “Para la próxima, intenten no ser tan repetitivas en las horas y análisis”. Luciana Matti (empleada) responde: “Oka, empezamos a poner todas horas reales, entonces” (a propósito de manipulación de datos en registros).

-Rocío Garay, sobre controles de análisis ante posible auditoría: “Al HPLC –por el equipo de Cromatografía Líquida de Alta Resolución– había que pararlo si viene el ANMAT, si no que sigan corriendo.” A lo que Wilson Pons responde: “Seguramente, calculo que van a llevar la contramuestra 31202 del fentanilo y se van, porque vinieron en un remise.” Garay añade: “Pero vas a tener que hacer el protocolo con datos del otro...el único dato que debe faltar es el HPLC.”

Estos extractos reflejan tanto la planificación de respuestas fraudulentas ante inspecciones como la manipulación sistemática de registros documentales y de calidad dentro del laboratorio, con el objetivo de evitar sanciones y ocultar desvíos de productos y procesos no autorizados.

En una conversación del 6 de diciembre de 2024 (doce días antes de la producción del fentanilo mortal) entre Rocío Garay (supervisora de Fisicoquímica-Control de Calidad de Laboratorios Ramallo) y Wilson Pons (jefe de Control de Calidad), Garay reporta: “Explotó la UPS” (el sistema de alimentación ininterrumpida de energía eléctrica del laboratorio) y agrega: “Empezó a explotar cuando volvió la luz”. En el mismo intercambio, comentan además que desconocen si se dañó el equipo de Cromatografía Líquida de Alta Resolución porque también dependía de esa UPS. Wilson Pons responde: “Ah bueno, qué viernes tenemos. Sí, esperemos que no haya pasado nada con los HPLC. Entre la UPS y el derrumbe del muro, tenemos el viernes completo.”

En ese mismo periodo, también hubo reportes de graves fallas edilicias en el laboratorio, como la caída de un muro.

-El 25 de febrero de 2025 se registra el siguiente diálogo entre Edgardo Sclafani (jefe de Sección de Producción y Procesos de Validación) y Wilson Pons (jefe de Control de Calidad). Edgardo Sclafani le comunica a Pons: “Me llamó Diego (García) y me dijo que la semana que viene hay inspección desde ANMAT.” Pons responde: “Ok. Estamos al horno. Y bueno, habrá que pelearla.” Los interlocutores reconocen la situación crítica frente a la falta de documentación y a las irregularidades conocidas internamente.

-“Otra cosa: en depósito me dice que hay techo con chapas sueltas y más de 20 palomas”. El mensaje fue enviado por Rocío Garay, De esa manera, Garay advierte a sus superiores sobre la preocupación de los encargados del depósito, quienes reportan el riesgo sanitario derivado de la presencia de aves y la precariedad de la infraestructura, con techo parcialmente desprendido y deficiente control ambiental.

La situación se expone en el marco de reiteradas advertencias sobre incumplimientos de requisitos técnicos y de seguridad, justo en el período de producción de lotes críticos de fentanilo y otros medicamentos.

Para la fiscalía, “el cuadro descripto permite sostener que existió por parte de estas empresas una conducta deliberada de grave incumplimiento a la normativa vigente, sistemática y reiterada, una cultura organizacional completamente viciada que acredita, en esta instancia, el conocimiento que tenían las personas sobre las cuales se solicita su citación en los términos del art. 294 del Código Procesal Penal de la Nación sobre la potencialidad dañosa e ilícita de su acción y el riesgo que generaban”.

Por esa razón: “No se trata de un error o descuido aislado, sino que todos los antecedentes a los que hemos hecho referencia nos demuestran que se trató de una decisión consciente de seguir actuando pese al riesgo concreto a la salud pública que esa forma de actuar generaba. El riesgo se concretó en la pérdida de la vida de varias personas”.

Investigar a la autoridad sanitaria

Sobre este punto, dijo la fiscalía: “Párrafo aparte merece la ineficiente tarea de contralor de los organismos competentes del Estado, a lo largo del tiempo. Las consecuencias de tamaña negligencia, connivencia o complicidad son aún desconocidas. Los incumplimientos reseñados en el presente dictamen que se reiteran a lo largo del período analizado, así como también la ineficiencia de las medidas regulatorias ordenadas por la ANMAT, colocaron a la población en una situación de riesgo inadmisible”.Por último, se agregó: “No debe soslayarse que las conductas señaladas lesionaron la confianza legítima de los usuarios del sistema sanitario, afectando a la par el correcto funcionamiento del mercado de medicamentos y vulnerando el mandato constitucional de protección de la salud pública. La suma de estas irregularidades y deficiencias —dolosas o culposas—, junto con la insuficiencia de las acciones regulatorias que se habrían implementado, comprometieron gravemente la seguridad sanitaria”.Ante la situación descripta, se le solicitó al magistrado avanzar en la investigación de conductas penalmente reprochables por parte de distintos funcionarios de la Administración Pública Nacional.

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