Mientras la política discute, la calle aguanta: el hartazgo silencioso de la Policía y el Servicio Penitenciario bonaerense
En la provincia de Buenos Aires hay un malestar que crece, se multiplica y ya no se puede disimular. No está en los discursos oficiales, no se refleja en las conferencias de prensa ni aparece en los anuncios rimbombantes.
Está en los pasillos de las comisarías, en los móviles que no salen por falta de personal, en los penales superpoblados y en los hogares de miles de efectivos de la Policía Bonaerense y del Servicio Penitenciario que ya no llegan a fin de mes.
El problema es concreto y tiene nombre y apellido: salarios bajos, ingresos licuados por la inflación y una falta de reconocimiento que duele. Mientras la inseguridad se agrava, el delito se organiza y la violencia escala, quienes están en la primera línea siguen cobrando sueldos que no se corresponden con la responsabilidad, el riesgo ni la exigencia de la tarea que realizan.
Un efectivo policial hoy patrulla armado, expuesto, sin horarios, sin feriados y muchas veces sin los recursos mínimos. Un agente penitenciario trabaja en contextos de máxima tensión, con internos cada vez más violentos, estructuras colapsadas y una presión psicológica constante. Y sin embargo, el salario no alcanza, la vocación se desgasta y la bronca se acumula.
En los últimos meses, el descontento se transformó en conversaciones en voz baja, en grupos de WhatsApp, en pedidos informales y en reclamos que nadie quiere escuchar. Porque hay un dato que incomoda al poder: no se puede exigir profesionalismo, compromiso y entrega cuando no se garantiza dignidad salarial.
La política provincial parece mirar para otro lado. Hay anuncios, hay parches, hay promesas, pero no hay una política salarial estructural para las fuerzas de seguridad. Y el mensaje que baja es peligroso: el que arriesga su vida vale poco. El que enfrenta al delito cobra migajas. El que sostiene el sistema penitenciario trabaja al límite y en silencio.
Esto no es corporativismo. No es defensa ciega. Es sentido común. Una fuerza mal paga es una fuerza vulnerable, desmotivada y empujada al límite. Y cuando eso pasa, pierde la institución, pierde el Estado y pierde la sociedad entera.
Desde Infopresslaplatauno lo decimos con claridad: no hay seguridad sin policías contenidos, no hay control penitenciario sin agentes respetados, y no hay orden posible con sueldos de miseria. El malestar está. El enojo crece. Y la paciencia se agota.
La pregunta es simple y directa:
¿Hasta cuándo se va a seguir sosteniendo el sistema sobre el sacrificio personal de quienes ya no pueden más?