Mediante una nota dirigida al presidente de la Bicameral, avisó: "Le hago saber que, siguiendo el consejo de mis abogados defensores, no concurriré a la audiencia a la que he sido citado para el día 8 de febrero".

"Al resultar formalmente imputado en las mencionadas actuaciones, entiendo que me encuentro amparado por la garantía constitucional consagrada en el Artículo 18 de la Constitución Nacional, en cuanto establece que 'Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo'", completó.

Tras afirmar que declarará en sede judicial cuando le sea requerido, añadió: "Sólo el magistrado competente puede recibirme declaración en calidad de imputado, conforme lo establecido en el artículo 294 del Código Procesal Penal de la Nación",

Se trata de la causa tramitada en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional 3 de La Plata, caratulada como 'asociación ilícita, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionarios público'.

Para hoy está citado también el exgerente de Relaciones Institucionales del Bapro, Hernán Stella, por el cargo que ocupaba cuando se desarrolló esa reunión, aunque otra funcionaria del banco admitió que, desde 2016, su dependencia era la responsable y prácticamente desvinculó a Relaciones Institucionales del caso.

La negativa de Grassi se sumó a la del exfuncionario de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Darío Biorsi, quien también estuvo presente en la reunión.

En un escrito enviado la semana pasada a las autoridades de la comisión, el exfuncionario de Inteligencia del gobierno macrista justificó su decisión de no responder preguntas del cuerpo legislativo en el "uso de los derechos y garantías constitucionales" que le asisten.

"No prestaré declaración ni haré manifestaciones ni responderé preguntas ante esta Comisión", agregó.

Biorsi y Grassi formaron parte del encuentro en el que Marcelo Villegas, exministro de Trabajo de María Eugenia Vidal, y otros miembros del entonces Gabinete bonaerense, junto a agentes de inteligencia y empresarios, analizaron la conformación de una mesa judicial perseguir a líderes sindicales y a empresarios.

En ese marco fue que Villegas expresó que le hubiera gustado tener una "Gestapo" para controlar a los sindicatos.