Los hechos ocurrieron el pasado 13 de enero pasado en Paraná, capital entrerriana, y el 23 del mismo mes en la localidad de Crespo, a unos 40 kilómetros.

Según la acusación, a cargo de la fiscal Sofía Patat, los acusados Iván Pablo Benítez y Miguel Abraham, ambos oriundos de la provincia de Misiones, se comunicaron telefónicamente con una adulta mayor que vive en calle Buenos Aires al 100 de Paraná.

En esa llamada persuadieron a la mujer para que preparara y entregara todo el dinero que tuviera para ser cambiado en el Banco Nación "por los que sirven", y allí lograron obtener 7.000 dólares y 1.200.000 pesos.

Diez días más tarde realizaron la misma operación a una mujer de 86 años que vive en calle Belgrano de la localidad de Crespo, a quien le aseguraron que se trataba de una decisión del Gobierno nacional y le sustrajeron 240.000 dólares y 10 millones de pesos.

Inmediatamente, la Justicia y Policía de Entre Ríos iniciaron una investigación y detectaron que los estafadores eran Benítez y Abraham y que se encontraban en la provincia de Misiones, donde fueron detenidos y trasladados el 30 de enero a la Unidad Penal 1 de Paraná.

Allí se logró secuestrar 6.600 dólares y un total de 1.700.000 pesos, además de los celulares y elementos de interés para la causa.

Aun así, el abogado defensor de ambos, Leopoldo Cappa, logró que desde mediados de febrero y hasta esta semana sean beneficiados con arresto domiciliario, pero con vigilancia permanente y el costo a cargo de los imputados, por lo que debieron depositar más de 1.200.000 en salarios de dos custodios.

Finalmente, el abogado Cappa y la fiscal Patat acordaron que sean condenados a tres años de prisión condicional, que sean expulsados de Entre Ríos, y que deban restituir 48.000 dólares en partes: una primera entrega de 15.000 y tres cuotas de 11.000.

Ninguno podrá ingresar a la provincia "sin dar previo aviso en caso de una urgencia durante los tres años en los que dure la pena condicional", explicó el abogado defensor a Canal Once, y agregó que deberán realizar 96 horas de trabajos comunitarios el primer año de condena.

Este viernes el juez de Garantías de Paraná José Eduardo Ruhl refrendó el acuerdo alcanzado en juicio abreviado, y ordenó que los acusados regresen a sus domicilios, uno en Misiones y otro en el barrio porteño de Caballito.