La Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que representó en el juicio al padre de la víctima y como particular damnificado institucional, calificó al debate de “deficiente”, al llevarse adelante por 20 horas ininterrumpidas, lo que provoca hacer “virtualmente inviable la posibilidad de una resolución serena, razonada y apoyada en una firme convicción por parte de las y los jurados”.

Fuentes judiciales informaron a Télam que el jurado popular consideró que existía una "duda razonable" para condenar a Eliana Daniela Heidenreich (37) por el "homicidio calificado por haber sido cometido por un miembro del Servicio Penitenciario y mediante el empleo de arma de fuego" de Federico Rey (23).

De acuerdo a los voceros, durante el debate, que comenzó ayer y terminó esta madrugada, el fiscal de juicio, Dino Maistruk, y la CPM

solicitaron en sus respectivos alegatos que Heidenreich sea condenada por ese delito, que se castiga de con la prisión perpetua.

Una fuente judicial explicó a Télam que en el debate no surgió quién pudo haber sido el autor de los disparos que mataron a Rey, más allá de la alcalde, quien llegó al juicio en libertad.

El proceso se llevó a cabo en los tribunales de Quilmes y fue encabezado por el juez técnico Jorge Franklin Moya Panicello.

Al respecto, la CPM dio a conocer esta noche un duro comunicado, en el cual calificó de “deficiente” el juicio realizado.

“La modalidad de 20 horas seguidas de debate hasta la obtención de un veredicto, resulta contraria a la búsqueda de justicia a través de un proceso eficaz, riguroso y metódico”, aseguró el organismo y cuestionó que por motivo de “una jornada muy extensa”, derivó en “jurados agotados, durmiéndose en la sala de audiencias, sin poder seguir ni escuchar las instancias del juicio”.

Además, cuestionaron al juez Mayo Panicello, al advertir “una constante actitud (…) por acortar tiempos procesales y para desistir testigos, apurando el trámite con el solo fin de terminarlo”.

“En su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura y como patrocinante de la familia de Federico como particular damnificado institucional, la CPM evaluó que las dificultades para procesar y valorar grandes volúmenes de información y testimonios sumado a las incidencias y quejas de las partes surgidas durante la audiencia, hacen virtualmente inviable la posibilidad de una resolución serena, razonada y apoyada en una firme convicción por parte de las y los jurados”, aseguró el organismo.

Heidenreich era jefa del Grupo de Asistencia y Seguimiento (GAyS) cuando el 22 de abril del año 2020, en pleno Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) por la pandemia de coronavirus, se dirigió armada con una escopeta calibre 12/70 de la fuerza al muro perimetral de la prisión para actuar ante una protesta de un grupo de presos que había subido a los techos para hacer visible su reclamo para conseguir la prisión domiciliaria.

La señora "robusta", "rubia", "grandota", "de apellido raro que comienza con H" fue rápidamente así identificada por otros penitenciarios y presos como quien se ubicó entre los puestos 2 y 3 del muro y efectuó los tres disparos con cartuchos multipropósito -que tienen munición de plomo- que mataron a Rey, según consta en el auto de elevación a juicio firmado por el juez de Garantías de Quilmes Adrián Villagra, al que tuvo acceso Télam.

Rey, un joven oriundo de la localidad de Monte Grande, donde fue criado por su padre y su tía, estaba bajo prisión preventiva desde 2018 por el delito de robo y murió prácticamente en el acto en el techo del penal, donde se desplomó.

"Luego de posicionarse en el angosto pasillo que se encuentra en el muro perimetral de las Unidades Penitenciarias, frente a los pabellones que habitan los internos, conocido en el ambiente penitenciario como cajón, (la acusada) apuntó hacia donde se encontraba el interno Rey, realizando varios disparos, siendo el primero de ellos el que llamó la atención de todos los compañeros-camaradas de Heidenreich (...) quienes le advirtieron que estaba disparando con cartuchería letal, con posta de plomo, y que por ello cese en su accionar", describió el fiscal Cristian Granados, en su requerimiento de elevación a juicio.

En el escrito del fiscal, al que también accedió Télam, Granados agregó: "Sin embargo, la nombrada oficial alcaide mayor volvió a realizar dicha acción en dos oportunidades más, demostrando de esa manera un desprecio total hacia la vida del interno que se encontraba subido al techo de un pabellón y la intención de causarle la muerte, al seguir disparando con las postas de plomo".

La oficial penitenciaria, quien actualmente se encuentra separada de sus funciones y sometida a un sumario administrativo del SPB, está en libertad desde agosto de 2020, cuando fue excarcelada por la Sala II de la Cámara de Apelaciones de Quilmes, que consideró que no existía riesgo de fuga ni entorpecimiento de la investigación y que ya la había beneficiado con un cambio de calificación de la causa a "homicidio culposo", es decir, sin intención.

No obstante, al pedir que vaya a juicio, el fiscal Granados insistió en imputarle el delito de "homicidio agravado", lo que fue aceptado por el juez Villagra, al considerar que la acusación es potestad del Ministerio Público.

Además de Heidenreich, en la causa se encuentran acusados de encubrimiento agravado otros dos integrantes del SPB, el subprefecto Gastón Darío Abila (36) y el prefecto mayor Gabriel Darío Bergonzi (43), quienes serán juzgados en otro debate.

Según la autopsia, Rey murió a raíz de tres impactos de proyectil de plomo: uno en el parietal derecho, otro en la zona posterior del cuello y un tercero en el hemitórax.

El informe balístico realizado en la causa concluyó que "las tres vainas mencionadas han sido disparadas y accionadas por una misma arma de fuego" que fue una "escopeta marca Magtech, calibre 12", "accionada por la imputada Heidenreich", indicó la acusación fiscal.