Este documental fue realizado en función de la fuerte necesidad que tenía Darío de expresarse, de ser escuchado. Luego de 3 años, 5 meses y 17 días privado de su libertad, condenado por un hecho que jamás ocurrió, cuenta de sus padecimientos, de cómo integrantes del Ministerio Público Fiscal (fiscales, psicólogos y médicos) desarrollan una tarea operativa totalmente sesgada, sin objetividad, incriminante a partir de datos falsos, ignorando a la comunidad científica y todos los derechos que le caben a un acusado de un delito, partiendo de un relato totalmente inverosímil. Los jueces, quienes deberían impartir justicia a partir de hechos probados, condenan a un inocente utilizando en sus fallos términos en potencial “habría”, “podría”, “a lo mejor”, pero no hubo testigos.

 Según los expertos, el caso de Darío Céspedes se enmarca en lo que la Organización de Estados Americanos (OEA) reconoce como “Epidemia de Falsas Denuncias de Abuso contra Docentes en Argentina”. Son miles las denuncias injustificadas contra docentes por situaciones de abusos, mientras las estadísticas científicas comprueban que más del 85% de los casos suceden en el ámbito intrafamiliar. 

Entre las muchas inconsistencias de la sentencia, la madre del acusado destaca: “según la fiscalía, el lugar del abuso es el baño de la escuela primaria, pero Darío trabajaba en el jardín. Entonces son edificios diferentes separados por una calle”. 

Además, la madre del acusado que también fue docente aseguró: “el linchamiento mediático fue fundamental para que mi hijo fuera condenado. Fue el disparador, un tratamiento periodístico terrible, con acusaciones y con la certeza de que el delito había ocurrido, cuando nadie estaba seguro”.

 Otra de las aberraciones judiciales que pueden verse en el Documental de 47 minutos, es que las cámaras de seguridad demostraron que el docente había estado en otro edificio en la fecha en que se denuncia el abuso, pero las grabaciones fueron “extraviadas” después de ser entregadas a la “Justicia".