Una trabajadora judicial denunció haber sufrido violencia laboral por razones de género por parte del
director de Periciales de la provincia Gustavo Capelli. Sin embargo, lejos de recibir protección, fue
desestimada por la administración de corte, negando la licencia por violencia y en un hecho lleno de
impunidad, pretenden quitar de su puesto de trabajo, trasladando a la denunciante.

Los integrantes de la Suprema Corte de Justicia, están entre discursos y silencios. La paradoja es evidente.
Quienes integran la Suprema Corte de Justicia —y que a menudo ofrecen charlas sobre violencia de
género— no aplican en los hechos los principios que proclaman. El protocolo de género que la Corte no
cumple, el mismo que incluso el año pasado, la Ministra Hilda Kogan presento “El protocolo de acción en
casos de violencia de genero” pero la practica se diferencia mucho del discurso: el acompañamiento
institucional es nulo y el descreimiento hacia las víctimas, absoluto.
Este no es un caso aislado. Las denuncias por violencia dentro del ámbito judicial se repiten, y en ese
contexto, las mujeres enfrentan una doble desigualdad: ascienden menos que sus compañeros varones y,
además, cuando denuncian situaciones de abuso o discriminación, son silenciadas o castigadas con un
traslado, cortando su carrera laboral. Este caso, como tantos otros, revela un patrón de violencia
económica e institucional que persiste en los pasillos del Poder Judicial.
El conflicto comenzó cuando la trabajadora judicial solicitó en reiteradas ocasiones, a lo largo de dos
años, la nomina de la planta oficial del área. Esta solicitud respondía a su intención de reclamar por
haberse visto excluida en distintos procesos de ascenso. No solo presentó notas formales a su jefe directo,
sino que también realizó gestiones ante el Departamento de Personal.
Ante la negativa a su último pedido, la empleada decidió manifestarse de forma pacífica: permaneció de
pie en su lugar de trabajo y expresó que no se retiraría hasta obtener una respuesta. Fue en ese momento
que el director del área salió de su oficina y, en un tono elevado y con malos modos, le exigió
explicaciones por su insistencia en pedir la nómina. La discusión escaló rápidamente, con un trato verbal
hostil por parte del funcionario.
No era la primera vez que Capelli tenía actitudes violentas; ya existían denuncias previas en su contra. Al
sentirse amenazada, la trabajadora decidió llamar a la policía y a representantes de su sindicato. Si bien la
fuerza pública nunca se hizo presente, sí acudió la Secretaría de Géneros y Diversidades de la AJB La
Plata, que actualmente acompaña el proceso.
En la actualidad, la denuncia continúa su curso en el fuero civil. Mientras tanto, la administración de la
Suprema Corte sigue desestimando los hechos, sin ofrecer argumentos que justifiquen su decisión ni
explicaciones sobre por qué no reconocen indicios de violencia.
En un Poder Judicial provincial que presume de adoptar protocolos y discursos sobre género, la verdad se
impone con una brutalidad evidente: cuando una mujer decide denunciar el abuso, la respuesta
institucional es el silencio, la indiferencia o el castigo. En vez de proteger a las víctimas y acompañar, se
protege a los agresores, y aquellos que deberían velar por la justicia se convierten en cómplices. Este caso
no es una excepción, es el reflejo de un sistema que tolera la violencia de género, la desprotege y, lo peor,
la legitima.
Desde la Secretaría de Géneros y Diversidades de la AJB La Plata, se exige que exista un
acompañamiento mutuo entre la Suprema Corte y dicha Secretaría, adoptando un abordaje
interdisciplinario, tal como lo tienen establecidos los otros dos poderes del Estado. La Justicia no puede
seguir siendo cómplice de la impunidad; es hora de que las palabras se transformen en hechos concretos
de protección y reparación.