Tras una investigación iniciada hace un año y medio por la fuga de un preso, el ingreso de drogas y el constante secuestro de celulares, la Fiscalía de Distrito de Salta, a cargo del fiscal general Eduardo Villalba, imputó a ocho internos del Complejo Penitenciario Federal NOA III de General Güemes, y a la mujer de uno de ellos, como acusados de integrar una organización que comercializaba estupefacientes a gran escala dentro de esa cárcel federal. En el marco de la audiencia de formalización, y en línea con lo requerido por los representantes del MPF, se les impuso prisión preventiva a todos ellos, se ordenó su traslado a otras unidades y se mencionó la “gravedad institucional” del caso, por la presunta “complicidad” del Servicio Penitenciario Federal (SPF).

“Lo que está sucediendo en el Complejo Penitenciario Federal NOA III es de una enorme e inusitada gravedad institucional, sin embargo, las autoridades del Servicio Penitenciario Federal parecen no haberlo notado. Bajo sus narices, o bien con su complicidad, la droga corre de un extremo a otro del penal”, dijo la auxiliar fiscal Roxana Gual, al fundar la imputación de ocho internos.

La audiencia de formalización de la investigación se realizó el jueves pasado ante la jueza federal de Garantías N°2, Mariela Giménez, quien coincidió en que se trata de un “caso de mucha gravedad” y puso énfasis en la supuesta “connivencia del Servicio Penitenciario Federal”.

La fiscal general adjunta, Mariana Gamba Cremaschi, también intervino en la imputación contra los nueve acusados, que quedaron imputados por el delito de comercialización de estupefacientes agravado por el número de intervinientes y por ser cometido en un centro de detención.

En la audiencia, la jueza hizo lugar a las imputaciones seguidas contra los internos Rubén Ángel Rodríguez, alias “El Patrón”, como presunto organizador del delito; y como coautores, a Eusebio Juan Antonio Bilaja (cumplía prisión domiciliaria), César Eduardo Acosta, Marcelo Javier Fragapane, Ezequiel Maximiliano Toledo, Rodrigo Alejandro Villareal, Miguel Hernán Olmos y Franco Emanuel Chaile, (aunque a este último, aún no se le determinaron vínculos con los otros acusados).

A ellos se le suma Analía Ivana Astigueta, la pareja del presunto líder -Rodríguez-, quien fue detenida en la ciudad de Orán, en calidad de coautora.

La jueza dictó también la prisión preventiva de todos los imputados y dispuso el traslado a otras unidades carcelarias, ya que la fiscalía pidió que no vuelvan al penal federal de General Güemes, ante el riesgo de entorpecimiento de la investigación, pues desde allí podrían influir para frustrar el caso.

La misma medida de coerción fue ordenada respecto a Bilaja, quien cumplía prisión domiciliaria en Orán. También a instancia de las representantes del MPF, la investigación fue declarada compleja dada su magnitud.

En cuanto a la autorización de medidas probatorias, la jueza dio curso a pericias a cientos de celulares secuestrados y dispuso el levantamiento del secreto bancario de los imputados y el congelamiento de cuentas bancarias de Astigueta y otros internos.

El inicio de la investigación

Al presentar el caso, Gamba Cremaschi y Gual destacaron que la investigación tuvo como punto de partida la fuga protagonizada el 1° de enero de 2024 por Cristián Ruiz Díaz, un condenado por narcotráfico del conurbano bonaerense. El interno huyó del penal federal con un alicate que empleó para abrirse paso por los alambrados perimetrales. Luego -con apoyo externo- escapó por la parte posterior, sin que hasta el momento haya podido ser recapturado.

Para la fiscalía, tanto en esa fuga como la venta de droga interna y la gran cantidad de celulares incautados a los internos -más de 250 desde que se inició el caso- solo se explica con la “complicidad” no solo de personal sino también de los “jefes” del SPF a cargo de esa unidad.

En función de ello, el MPF inició las actuaciones preliminares el 6 de febrero del 2024, las que avanzaron con una serie de prórrogas debidamente fundadas y autorizadas por la jueza Giménez hasta el 1° de abril pasado, cuando se pudo individualizar a los presuntos integrantes de la organización narcocriminal que operaba a gran escala dentro del penal.

Los allanamientos y el video del dron

La fiscalía solicitó un allanamiento múltiple en el penal que fue autorizado por la jueza, efectuado el 10 de junio pasado y encabezado por el fiscal general Villalba y las auxiliares fiscales Gual y Soledad Cabezas.

Dadas las sospechas de complicidad de personal del SPF, desde el MPF se solicitó evitar la colaboración de dicha fuerza y el operativo fue realizado con un despliegue de 300 efectivos de Gendarmería Nacional, pertenecientes a la Región IX y a su área de coordinación de Investigaciones.

Por la experiencia ya adquirida desde la fiscalía, entre otros recursos, se utilizó un dron para tomar imágenes aéreas de las ventanas de las celdas, con el fin de poder registrar el momento en que los internos se desprendieron de elementos incriminatorios, tal como sucedió en este caso.

La fiscalía exhibió en la audiencia un video tomado por el dron en el que se observa cómo ante el avance de las filas de gendarmes para la requisa de las celdas, se producen movimientos en las ventanas de los calabozos de los pabellones A y B. Desde allí, los internos descartaron cinco celulares -luego incautados en el patio trasero- y se vio una nube de polvo blanco en el momento en el que arrojan la droga.

También se encontraron 13 tabletas de pastillas y otros ocho celulares fueron secuestrados en los pabellones B y D. Durante el mismo procedimiento se hallaron envoltorios con vestigios de droga -que serán peritados-, en celdas y en distintos recovecos diseminados en diversas áreas del penal, como la capilla, donde los integrantes de esta organización solían ocultar la droga.

En simultáneo, también se allanó la casa de Astigueta y la de su madre en Orán, en razón de que, según la pesquisa, la mujer de “El Patrón” era la encargada de proveerse de droga en esa zona fronteriza con Bolivia.

De la casa de Astigueta, se secuestraron cinco celulares de diferentes marcas, un pendrive, una cámara de fotos, dos computadoras portátiles, un rifle tipo fusil con mira, una moto, una balanza, 15 troqueles de líneas de celulares, dos libretas con anotaciones y documentación referida a los pagos recibidos por el “negocio” y un vehículo en el que la imputada se movía para llevar la droga al penal.

En la misma ciudad se allanó la vivienda donde cumplía prisión domiciliaria Bilaja quien, de acuerdo a la investigación, era el encargado de acondicionar el estupefaciente para su ingreso al penal, todo ello bajo estrictas instrucciones de Rodríguez, quien le indicaba por teléfono, desde el penal, cómo debía preparar la droga para que pase los controles.

“Decile a Garrafa (por Bilaja) que lo prepare bien”, indicó Rodríguez en una de las comunicaciones interceptadas con su pareja.

El video de la celda

El MPF exhibió un segundo video en el que se ve a los acusados cuando fraccionaban la droga dentro de una celda. En medio de festejos por la cantidad de envoltorios que tenían, entre risas, se refieren a la cocaína y la pasta base como “blanca” y “amarilla” y, en tono de burla, le preguntan al destinatario si iba hacer alguna denuncia.

Las imágenes generaron el asombro de la jueza y desde la fiscalía se dejó sentado que los internos no son los únicos responsables, pues tales conductas no se pudieron haber desplegado sin la connivencia del personal y las autoridades del SPF, aspecto que aún sigue bajo investigación.

Evidencias y roles

La fiscalía explicó que, para identificar a los implicados, se valieron de diversas evidencias, entre las que mencionó intervenciones telefónicas, los aportes de un imputado colaborador y la denuncia de un funcionario del SPF.

Indicó que, desde el inicio del caso, en febrero del 2024, se hicieron numerosos allanamientos, lo que dejó un saldo de más de 250 teléfonos secuestrados, de los cuales más de 100, corresponden a este año, lo que derivó en la apertura de otras 126 investigaciones que están en curso.

En cuanto a la participación de los imputados, dijo que, tras ser identificados, se intervinieron las líneas que usaban, principalmente Rodríguez y su pareja Astigueta, de las cuales surgieron evidencias de prácticamente todo el armado delictivo.

En los diálogos captados, los internos imputados se referían a Rodríguez como “El Patrón”, ya que daba las órdenes de todo del manejo interno de la droga, la que llegaba por medio de Astigueta durante sus visitas al penal, en las que también pasaba los teléfonos. El resto de los internos imputados participaban, ya sea en calidad de revendedores de la droga, o bien, a cargo de la distribución.

En las escuchas quedó plasmado que la droga era “ofertada” entre los pabellones a través de comunicaciones con los celulares ingresados. “El fin de semana fue un éxito”, se escuchó decir a Acosta cuando celebraba las ventas. En otra comunicación, Rodríguez manifestó: “Miren lo que tengo, te hago una promo”, refiriéndose a la droga.

En este tramo de la audiencia, la fiscalía reveló que cada envoltorio de cocaína era vendido en una suma estimada en 10 mil pesos, y que las transferencias de pago que impactaban en la cuenta de la mujer de Rodríguez, oscilaban en sumas de 100 a 200 mil pesos.

La audiencia de formalización de la investigación se realizó el jueves pasado ante la jueza federal de Garantías N°2, Mariela Giménez, quien coincidió en que se trata de un “caso de mucha gravedad” y puso énfasis en la supuesta “connivencia del Servicio Penitenciario Federal”.

Recordó, en este contexto, el secuestro de 283 envoltorios de cocaína y 5 de marihuana en la celda 7 del Sector Polimodal, hecho ocurrido el 7 de mayo pasado. La fiscalía informó que Rodríguez fue imputado por este caso, lo que demuestra el caudal de la comercialización que dirigía.

Respecto a cómo se hacía la distribución de la droga, remarcó que este detalle surgió de las nueve líneas intervenidas. Sostuvo que los presos solían hacerlo en lugares específicos, como el de la escuela, la capilla, el taller y el sector funcional, ya sea bajo la modalidad de pasamano. En otros casos, la dejaban en huecos que hacían el piso o las paredes.

Los prontuarios de los acusados

Al momento de fundar las medidas de coerción, la fiscalía reforzó el riesgo de entorpecimiento de la investigación, resaltó la gravedad del hecho, pidió tener en cuenta las prerrogativas de la Ley de Reiterancia e hizo un análisis de los antecedentes penales de cada uno.

El siguiente es el detalle de las causas de cada acusado:

• Rodríguez: cumple una pena de 8 años de prisión por transporte de estupefacientes agravado, en calidad de organizador, impuesta el 6 de septiembre del 2022 por el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 de Salta.
• Bilaja: por el mismo caso y como coautor, está condenado a 6 años y 6 meses de prisión. Fue beneficiado con la prisión domiciliaria con pulsera electrónica, por un cuadro de soriasis aguda.
• Acosta: tiene un proceso penal pendiente que data del 18 de abril del 2024, en una causa por la Ley de Drogas.
• Fragapane: fue condenado por la jueza Giménez el 30 de enero pasado, a 7 años y 7 meses de prisión por transporte de estupefacientes.
• Toledo: cumple una pena de 10 años de prisión por secuestro extorsivo doblemente agravado, en perjuicio de un empresario del transporte local, impuesta por el TOF 2 el 6 de febrero del 2023.
• Villareal: registra una condena de 3 años de prisión por el delito de robo y hurto, dictada el 21 de marzo de 2024 por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°19 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
• Olmos: cumple una pena de 4 años y 6 meses de prisión por el delito de tenencia de drogas con fines de comercialización, impuesta por el TOF de Tucumán el 16 de diciembre del 2024.
• Chaile: fue condenado el 2 de marzo del 2023 por el TOF 1 de Salta a 3 años de prisión por transporte de estupefacientes.

Por último, en el marco del Sistema Integral de Gestión para Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo, aprobado por la Resolución 35/2024 del Ministerio de Seguridad Nacional, se solicitó que Rodríguez sea incorporado bajo este protocolo, cuya definición quedará bajo decisión del SPF.