Las denunciantes aseguran que desde la llegada de Casanovas se instauró un clima de maltrato psicológico y abuso de poder, particularmente hacia las mujeres. Ante la gravedad de la situación, presentaron sus casos ante la Justicia Contenciosa Administrativa por violencia institucional, discriminación de género y acoso laboral.

Testimonios que reflejan una problemática sistemática

Viviana Moyano, quien trabaja en la sede de Dolores desde 2001, relató un cambio abrupto con la llegada de Casanovas. “Nunca había vivido una situación así. Él venía de la política y no respetaba los cargos ni a las personas. Me usaba para hacer horas extras sin consultarme, me enviaba mensajes inapropiados y me tocaba sin consentimiento”, denunció.

Moyano también reveló que fue degradada de categoría como represalia y sufrió aislamiento dentro del lugar de trabajo. “Me arruinó la vida, tuve que empezar a tomar medicación para dormir. Incluso intentaron comprarme a través de un abogado para que desista de la denuncia,” expresó.

Por su parte, Araceli Ramírez, de la delegación de Tordillo, aseguró que fue amenazada por sus opiniones políticas y desplazada sin aviso formal. “Me dijeron que me calle la boca y que deje de publicar en redes. Nunca tuve un problema en 23 años hasta que llegó él”, contó.

Johana Ramírez, de la delegación de Lavalle, denunció la infiltración de militantes de La Cámpora en su lugar de trabajo, quienes, según ella, utilizaban claves de sistema para acceder a recursos y generaban un ambiente hostil. “La Cámpora en IOMA es una mafia y Homero Giles, titular del instituto, es el líder”, aseguró.

Contexto político y reclamos

Casanovas, además de su rol en IOMA, es concejal en Dolores por Unión por la Patria y fue titular del ANSES local. Las denunciantes sostienen que su gestión está marcada por un uso político del organismo y una falta de respeto hacia los empleados y afiliados.

A pesar de las denuncias, desde la conducción de IOMA no se registran respuestas concretas, y las trabajadoras denuncian intentos de silenciar y desestimar sus reclamos.

“Nos quieren mandar a la Junta Médica para que nos den el alta y poder despedirnos legalmente, pero ya dos médicos coincidieron en que no estamos en condiciones de trabajar así,” advirtió Johana Ramírez.